No dejan de llegar buenas noticias para quienes proponemos un cambio de paradigma en la guerra contra las drogas. La más reciente encuesta sobre la Propuesta 19, que pretende legalizar la mariguana en California, revela una ventaja significativa para los partidarios de la iniciativa. Los resultados (49 por ciento a favor y 42 en contra) son alentadores porque la última encuesta de Field Poll de julio arrojaba un avance de 48 por ciento de los opositores contra 44 de los votantes prolegalización. Las cifras son consistentes con otras encuestas previas, como la de Public Policy Polling (47 por ciento a favor, 38 en contra) y la de SurveryUSA (47 a favor y 42 en contra).

La Propuesta 19 sigue siendo muy popular entre los votantes menores de 40 años e impopular con las personas de la tercera edad. Sin embargo, los activistas han manifestado su preocupación porque la ley tiene poco respaldo entre los ciudadanos que emiten su voto a través del correo ya que suelen participar en mayor proporción en las elecciones intermedias, comparación con los votantes convencionales. En la medida en que se pueda estimular una alta participación de los jóvenes en el proceso, la medida podría salir avante.

Aunque la Propuesta 19 fuera derrotada en las urnas, hay más motivos para el optimismo. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, firmó ayer una ley que descriminaliza la posesión de hasta una onza de mariguana. En los pasados diez años cerca de 500 mil californianos (60 mil sólo en 2009) fueron arrestados por posesión de cannabis. Y aunque era poco común que terminaran tras las rejas, se les obligaba a presentarse ante un juez y pagar una pequeña multa. Ahora la falta será equiparada con una simple infracción de tránsito de 100 dólares, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Schwarzenegger puso en práctica el cambio para paliar la crisis presupuestal que enfrenta su estado: «Estoy firmando esta medida porque la posesión de menos de una onza de mariguana es una infracción de hecho… la única diferencia es que tratándose de un delito menor, el detenido era obligado a enfrentar un juicio y a contratar a un abogado defensor. En esta época de drásticos cortes presupuestales, los fiscales, los abogados defensores, las instituciones de seguridad pública y las cortes no pueden darse el lujo de gastar recursos limitados persiguiendo un crimen que genera el mismo castigo que una multa de tránsito».

Rechazar la prohibición se traduce en responsabilidad fiscal. Un estudio publicado recientemente por el Cato Institute examinó el impacto presupuestal de acabar con la guerra contras las drogas. El informe revela que el gobierno podría ahorrarse hasta 88 mil millones de dólares anuales; es decir, 41 mil millones en gastos de seguridad pública para la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas y 47 mil millones en ingresos por nuevos impuestos por la venta de drogas legalizadas (a tasas impositivas similares a las del alcohol y el tabaco). De esta cifra, 8.7 miles de millones se generarían por la legalización de la mariguana mientras que 32.6 miles de millones se obtendrían por la venta otras drogas.

Considerando que las autoridades de gobierno de México son muy afectas a copiar todo lo que ven en Estados Unidos, no sería mala idea que pusieran en práctica estas propuestas para eliminar los cuantiosos recursos que se gastan para criminalizar a los adictos y a los consumidores y a combatir a los cárteles rivales. Se podría invertir todo ese dinero en programas de prevención, atención y rehabilitación, mientras el gobierno protege los derechos humanos, combate la corrupción de las autoridades y acaba con los negocios del crimen organizado.

Uno pensaría que el gobernante que se jacta de ser el artífice de la alternancia política en el estado que durante décadas fue dominado por el PRI, tendría la suficiente humildad para ser crítico, no echarse tantas flores y darse palmaditas en la espalda.

Por desgracia, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, es todo menos un hombre sencillo. De nueva cuenta tres medios estatales, El Imparcial, Nuevo Día y Expreso, reprodujeron de forma íntegra una entrevista a modo a la que le cambiaron los encabezado para no hacer tan obvio el chayotazo. Padrés volvió a rendir cuentas alegres y logros muy poco tangibles en su primer año frente a la administración estatal.

El mandatario expresó su deseo de que este gobierno no tenga políticas de imposición: «Quiero que todo se sociabilice, las decisiones se tomen con la gente y en base a la razón». Pero la imposición y no la razón ha sido la tónica a seguir. ¿O no es imposición asegurar que nadie detendrá la construcción del acueducto Independencia entre Obregón y Hermosillo?

Padrés también es muy hipócrita. Después de utilizar a la policía estatal para reprimir a los mineros sindicalizados de Cananea y proteger a Grupo México, sigue burlándose de ellos diciendo que son sus amigos. Con el garrote en la mano manifiestó su aprecio por «nuestros compañeros mineros, vamos a buscar protegerlos». Sí, protegerlos mientras revela la existencia de seis órdenes aprensión contra los trabajadores de la Sección 65. Menos mal que prometió ser cuidadoso al ejecutarlas para que no aumente la intensidad del conflicto social. ¿Se imaginan que el «gober» no fuera su amigo?

Presume Padrés que en el gobierno participan militantes de la mayoría de los partidos políticos. Claro, ahí está el ejemplo de dos perredistas que se vendieron para lograr un hueso, como Edgard Sallar, al frente al IEES, y Cervando Flores, en la dirección de preparatorias abiertas de la SEC. Sin embargo, no menciona que hubo despidos masivos de funcionarios capacitados, reemplazados con cientos de panistas. ¿Qué no se supone que en el «Nuevo Sonora» el servicio profesional sería una prioridad frente al pago de cuotas electorales?

Sobre al combate a la corrupción y el desempeño de los funcionarios a su cargo, Padrés se mostró complaciente con sus resultados. Volvió a lanzar la cantaleta de que quienes no cumplan deberán enfrentar las consecuencias: «No hay segundas oportunidades… la falta de eficacia, de resultados, transparencia y honestidad no lo vamos a tolerar». Pero sí tolera la deshonestidades: actualmente no hay funcionarios inhabilitados o investigados por irregularidades, a pesar de que hay situaciones escandalosas de prepotencia, como la de Myriam Hernández Mada, directora administrativa de la CODESON, quien celebró a lo grande su cumpleaños en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, con todo y cerveza, en horario de trabajo, sin que la Contraloría tomara cartas en el asunto.

¿Qué hay sobre el nepotismo en los puestos del gobierno? Héctor Leyva Livshin, director de Recursos Humanos de la SEC, tiene a su esposa trabajando como directora de bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura, mientras que uno de sus cuñados labora en el área jurídica de la institución y la cuñada de Leyva es su secretaria. Y hablando de cuñados, José Inés Palafox, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) admitió en un programa radial que Fernando Chío Félix, subdirector de Bienes y Servicios de esa misma dependencia era su cuñado. ¿Cómo justifican este influyentismo? Fácil. Dicen que los nombramientos los dio el gobernador y punto.

Sobre los errores cometidos, Padrés sigue sin reconocer uno solo. El gobernador afirma que «aguanta vara» y que si hay una crítica «busco atenderla, por algo me lo dicen, hay que ver cómo podemos atender eso o cambiar de actitud». Si fuera así, ¿cómo es que Abel Murrieta, procurador de Justicia, sigue en su puesto?

Al final de la entrevista se enumeran los logros de la administración estatal. Agua, el CRIT de Televisa pagado con dinero del erario, el programa CreSer para combatir la pobreza, la aprobación unánime del presupuesto, recursos federales, apoyos para vivienda, la ampliación del programa Oportunidades. Pero no hay nada sobre empleos, seguridad pública, participación ciudadana, defensa de los derechos humanos, rendición de cuentas, educación y una larga lista de pendientes ignorados por los medios de comunicación afines al gobierno.

Y la cereza en el pastel: el domigo pasado, el secretario de Desarrollo Social, Javier Neblina Vega, fue visto en Phoenix comprando boletos para presenciar un juego de los Diamond Backs contra los Dodgers. A pesar de que su partido, el PAN ha promocionado en Sonora un boicot comercial contra Arizona por la ley SB1070. ¡Qué incongruencia!