No dejan de llegar buenas noticias para quienes proponemos un cambio de paradigma en la guerra contra las drogas. La más reciente encuesta sobre la Propuesta 19, que pretende legalizar la mariguana en California, revela una ventaja significativa para los partidarios de la iniciativa. Los resultados (49 por ciento a favor y 42 en contra) son alentadores porque la última encuesta de Field Poll de julio arrojaba un avance de 48 por ciento de los opositores contra 44 de los votantes prolegalización. Las cifras son consistentes con otras encuestas previas, como la de Public Policy Polling (47 por ciento a favor, 38 en contra) y la de SurveryUSA (47 a favor y 42 en contra).

La Propuesta 19 sigue siendo muy popular entre los votantes menores de 40 años e impopular con las personas de la tercera edad. Sin embargo, los activistas han manifestado su preocupación porque la ley tiene poco respaldo entre los ciudadanos que emiten su voto a través del correo ya que suelen participar en mayor proporción en las elecciones intermedias, comparación con los votantes convencionales. En la medida en que se pueda estimular una alta participación de los jóvenes en el proceso, la medida podría salir avante.

Aunque la Propuesta 19 fuera derrotada en las urnas, hay más motivos para el optimismo. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, firmó ayer una ley que descriminaliza la posesión de hasta una onza de mariguana. En los pasados diez años cerca de 500 mil californianos (60 mil sólo en 2009) fueron arrestados por posesión de cannabis. Y aunque era poco común que terminaran tras las rejas, se les obligaba a presentarse ante un juez y pagar una pequeña multa. Ahora la falta será equiparada con una simple infracción de tránsito de 100 dólares, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Schwarzenegger puso en práctica el cambio para paliar la crisis presupuestal que enfrenta su estado: «Estoy firmando esta medida porque la posesión de menos de una onza de mariguana es una infracción de hecho… la única diferencia es que tratándose de un delito menor, el detenido era obligado a enfrentar un juicio y a contratar a un abogado defensor. En esta época de drásticos cortes presupuestales, los fiscales, los abogados defensores, las instituciones de seguridad pública y las cortes no pueden darse el lujo de gastar recursos limitados persiguiendo un crimen que genera el mismo castigo que una multa de tránsito».

Rechazar la prohibición se traduce en responsabilidad fiscal. Un estudio publicado recientemente por el Cato Institute examinó el impacto presupuestal de acabar con la guerra contras las drogas. El informe revela que el gobierno podría ahorrarse hasta 88 mil millones de dólares anuales; es decir, 41 mil millones en gastos de seguridad pública para la persecución de delitos relacionados con el tráfico de drogas y 47 mil millones en ingresos por nuevos impuestos por la venta de drogas legalizadas (a tasas impositivas similares a las del alcohol y el tabaco). De esta cifra, 8.7 miles de millones se generarían por la legalización de la mariguana mientras que 32.6 miles de millones se obtendrían por la venta otras drogas.

Considerando que las autoridades de gobierno de México son muy afectas a copiar todo lo que ven en Estados Unidos, no sería mala idea que pusieran en práctica estas propuestas para eliminar los cuantiosos recursos que se gastan para criminalizar a los adictos y a los consumidores y a combatir a los cárteles rivales. Se podría invertir todo ese dinero en programas de prevención, atención y rehabilitación, mientras el gobierno protege los derechos humanos, combate la corrupción de las autoridades y acaba con los negocios del crimen organizado.